Los alcaldes deben proteger el derecho de las mayorías frente a los bloqueos injustificados.
¡No más bloqueos!
La confesión del presidente de la CUT, Fabio Arias, sobre la estrategia deliberada de bloquear TransMilenio durante el paro nacional amerita una reflexión y, como lo planteó el alcalde de Bogotá, acciones legales y preventivas.
Arias admitió que los bloqueos no fueron hechos espontáneos sino acciones planeadas para “hacerse sentir” ante una ciudadanía que en su mayoría no atendió el llamado a la protesta. ¿Ante el fracaso de la convocatoria, optaron por afectar a los demás?
Más de un millón de personas se vieron perjudicadas por esa decisión arbitraria. Miles no pudieron llegar a sus trabajos, estudiar o cumplir diligencias básicas.
Por eso, que el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anuncie una denuncia penal por los bloques es, en este contexto, un acto de responsabilidad, y todos los alcaldes del país deberían hacer lo mismo ante este tipo de hechos, más cuando el próximo 11 de junio habrá una nueva jornada de paro.
El derecho a la protesta debe garantizarse, pero no puede estar por encima del derecho a la movilidad, al trabajo, a la educación y a la seguridad.
No se trata de restar libertades, sino de protegerlas en equilibrio; la protesta no puede ser un pretexto para privar a otros de su libertad y menos cuando esa decisión la toman unos pocos sin representar a las mayorías.
Lo más grave es que el presidente Gustavo Petro, en lugar de respaldar a la ciudadanía afectada, salió en defensa de los bloqueos y cuestionó al alcalde Galán, actuando una vez más como agitador y no como jefe de Estado. ¿Acaso no le importa el daño causado a millones de colombianos?
La democracia también se defiende en las calles, pero no con piedras ni bloqueos, sino con reglas claras.
Urge una normatividad que defina los límites de la protesta sin criminalizarla, pero también sin permitir abusos, porque cuando unos pocos deciden por todos, lo que se pierde no es solo el orden, sino el sentido mismo de la democracia.