De capuchas y judicialización
Tras los desmanes presentados en varias partes del país con motivo del paro agrario, el Ministerio de Defensa presentó al Congreso de la República una iniciativa legislativa que busca aumentar las penas para quienes bloqueen vías. El proyecto nació de las dificultades que se presentaron para judicializar a quienes protagonizaron los desórdenes en la capital de la República hace un par de semanas y taponaron carreteras en diferentes regiones con motivo del paro agrario.
Esta iniciativa tiene un componente que ha generado polémica, pues aumenta en una tercera parte la pena para quien participe en bloqueos y utilice medios que impidan su plena identificación, como capuchas.
Aquí hay que aclarar varios puntos a favor y en contra. Primero, en Colombia, aunque haya sectores expertos en mostrarse como víctimas, la protesta es libre y permitida y no se persigue a quienes participan en manifestaciones pacíficas, por lo tanto el uso de pasamontañas y demás elementos para ocultar la identidad en una protesta son innecesarios y su uso sugiere, con toda lógica, la intención de cometer ilícitos utilizando las manifestaciones como excusa y escudo. Segundo, el Estado debe ser duro e inflexible con todo aquel que convierta una protesta pacífica en un hecho violento. Eso no debe discutirse.
Sin embargo, judicializar el uso de capuchas es ir a lo micro y olvidar lo macro, lo que debería hacer el Estado es evitar, vía cumplimiento del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, que haya motivos para insatisfacciones sociales que deriven en protestas, pues siempre habrá agitadores que tratarán de capitalizarlas y, con pasamontañas o con el rostro descubierto van a incitar al caos.
Esta iniciativa muestra una vez más que el gobierno es demasiado superficial a la hora de afrontar los problemas, no va a lo estructural, y se la pasa vendiendo sofás.