¿Cuál es el beneficio cuando se le lanza una bomba incendiaria?
De la protesta a la delincuencia
Una cosa es la protesta pacífica y otra el aprovechamiento de las movilizaciones para agredir y destruir.
¿En qué le aporta a la crisis del sistema educativo la destrucción de la sede del Icetex en Popayán? ¿Cuál es el beneficio que se le hace a las universidades públicas cuando se le lanza una bomba incendiaria a un policía? ¿De qué manera contribuyen a superar el déficit presupuestal de la educación superior pública los daños ocasionados a la sede de un medio de comunicación?
Estas preguntas surgen a partir de los actos delincuenciales protagonizados por algunos encapuchados que participaron en manifestaciones estudiantiles que se registraron en varias ciudades del país en los últimos días.
Aquí hay que diferenciar entre el derecho a la protesta y el vandalismo criminal, pues bajo ninguna circunstancia lo uno puede justificar lo otro.
Por eso los estudiantes que se han manifestado de manera pacífica están en la obligación de cooperar con las autoridades en la identificación de los responsables de actos vandálicos y de violencia durante las manifestaciones, pues las acciones de los encapuchados desfiguran los objetivos de las marchas.
Las directivas de las universidades públicas también deben facilitar información que permita la judicialización de estos peligrosos personajes, pues además de poner en riesgo la vida de los estudiantes que salen a marchar, instigan los paros que tanto afectan el normal desarrollo de las actividades académicas.
Igualmente la opinión pública debe jugar un papel importante en este tema, pues no se pueden validar las vías de hecho, y mucho menos el uso de violencia como medio de reclamo; este país ha vivido lo peor de su historia reciente por cuenta de quienes justifican el uso de la fuerza como mecanismo de presión.
Por lo tanto, el rechazo al vandalismo y al crimen que se infiltra en las protestas universitarias debe ser unísono.