Colombia necesita unidad para asegurar la certificación antidrogas y evitar sanciones internacionales.
Alcaldes en defensa de la certificación
El debate generado por el viaje de los alcaldes Alejandro Éder y Federico Gutiérrez a Washington no debería reducirse a un asunto de permisos.
Más allá de las formalidades, lo que está en juego es la capacidad de Colombia de mantener la certificación de Estados Unidos en materia de lucha antidrogas, requisito que condiciona asistencia militar, cooperación judicial y acceso a recursos internacionales.
Los alcaldes no viajaron a hacer turismo, fueron a llenar un vacío que deja el Gobierno Nacional en un tema de interés estratégico para el país.
La certificación antidrogas evita sanciones automáticas que afectarían las finanzas públicas, la inversión extranjera y el comercio internacional.
Su pérdida significaría un golpe directo a la seguridad y a la economía, y agravaría la fragilidad de territorios donde ya operan con fuerza los grupos ilegales.
Por eso, resulta cuestionable que el presidente Gustavo Petro vea con recelo estas gestiones. En lugar de descalificar a mandatarios locales que buscan fortalecer las relaciones bilaterales y defender a sus ciudades, el primer mandatario debería sumar esfuerzos con ellos.
El trabajo coordinado de todas las autoridades es indispensable para asegurar que Colombia no sea descertificada.
La certificación es mucho más que un trámite diplomático: define la confianza internacional en la capacidad de Colombia para enfrentar el narcotráfico.
Perderla enviaría un mensaje de debilitamiento institucional y pondría en entredicho los compromisos del país con la comunidad internacional.
De allí la importancia de valorar, en vez de cuestionar, los esfuerzos de los alcaldes que viajan a defender esa causa.
La defensa de la certificación no es un asunto de vanidades políticas, es un compromiso de Estado que exige unidad, responsabilidad y altura.
La cooperación internacional depende de que el país demuestre resultados claros, y en ese esfuerzo deben caber tanto el gobierno nacional como los alcaldes que representan legítimamente a sus ciudadanos.