La expansión de las disidencias en el Cauca muestra la inacción del gobierno y deja indefensos a los civiles.
Un nuevo frente criminal y un Estado ausente
La creación del frente Andrés Patiño, anunciado sin pudor por las disidencias de alias “Iván Mordisco”, no solo es una mala noticia para el sur del Cauca, sino un símbolo del retroceso de la seguridad en Colombia.
Que un grupo armado ilegal difunda por redes sociales su incursión al Macizo Colombiano, dirigiéndose directamente a comunidades de Bolívar, Sucre, Almaguer, La Vega, Rosas, La Sierra, San Sebastián y Santa Rosa, habla de su confianza y poderío territorial.
Pero más grave aún es lo que esto revela: la ausencia de una respuesta real por parte del gobierno nacional. ¿Quién defiende a los civiles que viven allí, rodeados de actores armados que se disputan los territorios? ¿Dónde están las garantías para los campesinos, las comunidades afro e indígenas que terminan como escudos humanos entre fuego cruzado?
El Estado, que debería combatir con contundencia a estos grupos, ha optado por limitar la acción de la fuerza pública mientras otorga concesiones a criminales que no tienen ningún interés en la paz.
La creación de este nuevo frente no es otra cosa que la evidencia de cómo los beneficios y ceses bilaterales, que en la práctica solo cumple la institucionalidad, alimentan la expansión de estructuras criminales.
Lo que ocurre en el Macizo Colombiano es claro: se abre un nuevo frente para disputar el control territorial con el ELN, es decir, para quedarse con el negocio del narcotráfico y la minería ilegal.
Hace mucho estas agrupaciones dejaron de ser un proyecto político, hoy son emprendimientos criminales que imponen dictaduras locales a sangre y fuego, mientras el gobierno mira para otro lado.
La pregunta de fondo es dura: ¿cuánto más va a permitir el gobierno que estos grupos sigan creciendo? Porque mientras la seguridad se negocia y la fuerza pública actúa a media marcha, los civiles quedan expuestos.