El gobierno debe actuar coherente con su discurso de defensa de los derechos de las mujeres.
El acoso y el abuso no tienen ideología
Los señalamientos por presunto acoso sexual contra Diego Cancino, nuevo presidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), reabrieron el debate sobre la postura del gobierno frente a las acusaciones de violencia de género dentro de sus propias filas.
La denunciante, Viviana Vargas Ávila, contratista del Ministerio del Interior, presentó su caso ante la Fiscalía, respaldada por testimonios y chats, pero, a pesar de la gravedad de las denuncias, el gobierno se ha mantenido en silencio oficial, lo que genera preocupación y cuestionamientos sobre su coherencia en la defensa de los derechos de las mujeres.
Este silencio resulta aún más llamativo si se tiene en cuenta que el gobierno actual se ha presentado como el “más feminista de la historia”, con un discurso centrado en la igualdad y la protección de las mujeres. Sin embargo, figuras públicas, como la congresista Jeniffer Pedraza, han denunciado la existencia de un pacto de silencio impuesto a las mujeres activistas para “proteger al proyecto político”.
Esta contradicción entre el discurso y la acción revela una falta de coherencia que merece ser examinada.
La situación se agrava al observar otros casos dentro del gobierno, como los del gerente de RTVC, Hollman Morris, y el embajador de Colombia en la FAO, Armando Benedetti, cuestionados por conductas similares contra mujeres, algo realmente paradójico, pues mientras el gobierno sostiene a estos funcionarios, el Ministerio de la Igualdad promueve campañas de denuncia de este tipo de casos.
Surge, entonces una pregunta: ¿la defensa de las mujeres es una prioridad real o solo retórica.
El contraste es aún más evidente al comparar con el caso del presidente del CNE, César Lorduy, a quien el presidente Gustavo Petro pidió la renuncia tras ser acusado de acoso sexual.
¿Por qué la misma postura no se extiende a los funcionarios de su administración?