Es muy diciente que un alcalde contemple renunciar a su cargo ante la falta de seguridad.
El Cauca, en manos del crimen
El secuestro del alcalde de Totoró, Jorge Luis Pizo, y su posterior liberación tras ser retenido durante horas por un grupo armado, reveló la alarmante inseguridad que vive el Cauca.
Pizo no es la única autoridad en riesgo; el gobernador Octavio Guzmán advirtió que los 42 alcaldes del departamento enfrentan un peligro extraordinario, debido a la presencia y avance de los grupos armados ilegales.
Mientras tanto, las medidas de seguridad de la Unidad Nacional de Protección resultan insuficientes, dejando a los líderes locales en una situación desesperada.
Aunque el gobierno del presidente Gustavo Petro puso en marcha la operación Perseo para recuperar el control de El Plateado, en Argelia, el problema es mucho más profundo y extendido.
Las decisiones de suspender la erradicación de cultivos ilícitos y firmar mal llamados “ceses bilaterales” solo sirvieron para dar ventaja a los grupos ilegales, que fortalecieron su presencia en territorios como el Cauca y comenzaron a dictar sus propias “leyes”, sometiendo a la población civil.
La violencia, el secuestro de autoridades, y la crisis humanitaria en corregimientos como El Plateado son consecuencias directas de esta permisividad.
Hace más de veinte años, el Cauca vivió una situación crítica de seguridad que obligó a varios alcaldes a salir de sus municipios y despachar de manera remota debido a las constantes amenazas y ataques de la guerrilla.
Los funcionarios municipales, muchas veces, tenían que gobernar desde Popayán u otras ciudades más seguras, pues sus vidas corrían peligro si se mantenían en sus territorios.
Por eso preocupa la situación actual, pues muestra un preocupante retroceso.
Si no hay un cambio inmediato en la forma de abordar esta crisis, el Cauca seguirá desangrándose y varios de sus municipios podrían convertirse en territorios donde el Estado ya no tenga ningún control.