Los asesinatos de guardianes del Inpec revelan que el sistema penitenciario perdió su función y su autoridad.
El crimen manda desde las cárceles
El asesinato de otro dragoneante del Inpec en Cali, el quinto ataque en menos de una semana, no es un hecho aislado, es una señal de alarma que confirma que el país está frente a una ofensiva directa del crimen organizado.
En apenas siete días, se registraron atentados en Bogotá, Palmira, Armenia, Bello y Cali contra miembros del Instituto nacional penitenciario y carcelario.
Cada dragoneante asesinado simboliza una derrota institucional, pues lo que está ocurriendo demuestra que los centros penitenciarios dejaron de ser lugares de castigo o resocialización y se convirtieron en cuarteles del crimen.
Desde los patios se ordenan secuestros, extorsiones y homicidios, y las autoridades parecen resignadas a que los delincuentes sigan delinquiendo incluso tras las rejas.
Si las cárceles no pueden contener a los criminales, mucho menos podrán resocializarlos.
Cuando los funcionarios que hacen cumplir la ley son asesinados impunemente, el mensaje que recibe la sociedad es devastador, y si no se les brindan garantías, terminarán sometidos completamente por las estructuras criminales que mandan en las cárceles.
En medio de este preocupante panorama, surge además una pregunta inevitable: ¿tiene esto alguna relación con el llamado “pacto de La Picota”?
Ese episodio de la campaña, en el que voceros del actual gobierno buscaron respaldo político entre reclusos condenados por corrupción y narcotráfico, marcó un punto de quiebre, y hoy, cuando los criminales parecen gozar de más poder e influencia desde las cárceles, la sospecha cobra fuerza.
El sistema penitenciario colombiano es un espejo del Estado que lo administra y cada ataque contra un guardián del Inpec no es solo una tragedia individual, es una advertencia colectiva: Colombia se está quedando sin autoridad y, lo que es peor, sin justicia.