El flagelo de la extorsión

Esta semana la Gobernación del Valle del Cauca, el Gaula Policía y el Gaula del Ejército lanzaron la “Toma departamental en contra de la extorsión”, con la cual se busca prevenir este delito que tiene azotados a comerciantes en varios municipios. La estrategia fue presentada en Tuluá, que es tal vez la localidad vallecaucana más afectada por este flagelo y donde, pese a ser vox pópuli el acoso al que los criminales tienen sometidos a los propietarios de los establecimientos comerciales, especialmente en el sector de la galería, muy poco se ha hecho para contrarrestarlos.

Y no es sólo en Tuluá, basta tocar el tema en las zonas de influencia de las plazas de mercado para que se conozcan las historias de quienes pagan para que les permitan cargar o descargar productos, pero también las de quienes han tenido que cerrar sus negocios por cuenta de las amenazas de los extorsionistas y de aquellos que han sufrido atentados por negarse a las exigencias de los delincuentes.

En medio de la afectación por la pandemia y el paro, que ocasionaron el cierre de muchos establecimientos y dejaron en serias dificultades financieras a otros, la extorsión, además de las implicaciones judiciales y de la afectación de la seguridad, se constituye en un factor que dificulta la reactivación económica, pues impone otra carga a quienes tratan de mantener a flote sus negocios y aportan con su trabajo honrado a la generación de empleo.
En ese sentido, la estrategia lanzada por las autoridades contra la extorsión tiene gran importancia, pero es necesario que vaya mucho más allá de los anuncios y sea sostenida en el tiempo, pues se trata de un flagelo en el que confluyen múltiples actores ilegales que van desde delincuencia común hasta disidencias de las Farc y otros grupos armados organizados.

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