La permisividad del gobierno Petro ha fortalecido a las organizaciones ilegales, que hoy imponen su ley en amplias regiones del país.
El país, en manos del crimen
La situación de orden público en la zona rural de Buenaventura es una muestra más de cómo la falta de acciones contundentes del gobierno del presidente Gustavo Petro ha permitido la expansión de los grupos armados ilegales en Colombia.
La presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), el ELN y las disidencias de las Farc en territorios como el Bajo Calima y el Litoral del San Juan no es un fenómeno nuevo, pero sí es alarmante la manera en que estas organizaciones han afianzado su control territorial en los últimos dos años.
Un informe de la Defensoría del Pueblo, que señala la crítica situación de seguridad en al menos once focos de emergencia humanitaria en todo el país, evidencia cómo la falta de una política clara y contundente de seguridad ha llevado a la proliferación de actores armados ilegales.
El Catatumbo, Chocó, Nariño, Cauca, el Bajo Cauca y el sur de Córdoba son solo algunos de los territorios donde las comunidades han sido sometidas al régimen del terror impuesto por estas estructuras criminales.
El gobierno no puede seguir respondiendo con discursos y llamados al diálogo con grupos que han demostrado, una y otra vez, que no tienen la más mínima intención de cesar sus actividades delictivas.
Es imperativo que la Fuerza Pública recupere su capacidad operativa y actúe con contundencia para proteger a la población civil.
Los “ceses bilaterales” con grupos armados ilegales, promovidos por el actual gobierno, se convirtieron en un salvoconducto para que estas organizaciones se fortalecieran y ampliaran su dominio y, en lugar de frenar la violencia, la política del “diálogo sin condiciones” generó un vacío de poder que fue rápidamente aprovechado por criminales.
Es momento de rectificar.
El presidente Gustavo Petro debe dejar de lado el romanticismo con el que ha tratado a las guerrillas y otros grupos armados.
No se puede seguir interpretando la violencia de estos grupos como una expresión política válida.
Hoy, estas organizaciones no son más que mafias dedicadas al narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y el secuestro.