Ojalá el gobierno nacional escuche el clamor de los gobernadores de la región
El Suroccidente, en manos del crimen
El llamado de los gobernadores del suroccidente colombiano al gobierno nacional por la creciente crisis de seguridad es legítimo y urgente.
La situación en esta región se ha deteriorado al punto que, en algunos sectores, los grupos armados ilegales ejercen más control que el propio Estado.
A pesar de los esfuerzos locales, las autoridades departamentales no tienen los recursos ni las competencias suficientes para enfrentar esta crisis sin el apoyo decidido del gobierno central.
El anterior ministro de Defensa, Iván Velásquez, manejó la seguridad desde la distancia, sin estrategias efectivas ni una presencia real en los territorios más afectados.
Esta inacción permitió la expansión de los grupos criminales que hoy imponen su ley en el Chocó, el Valle del Cauca, Cauca y Nariño.
Los paros armados del ELN en el Chocó, el crecimiento de los cultivos ilícitos en Jamundí y la disputa de Buenaventura entre bandas locales y organizaciones criminales más grandes, son solo algunas muestras de una situación que se ha salido de control.
El problema no es solo de seguridad, sino de gobernabilidad.
Los territorios de la costa pacífica de Cauca y Nariño están prácticamente en manos de los grupos ilegales, que se financian con narcotráfico, extorsión y minería ilegal.
Mientras tanto, el gobierno nacional insiste en estrategias que no han dado resultados y mantiene un enfoque que ha permitido que estos grupos se fortalezcan.
Ahora que los gobernadores exigen soluciones concretas, la expectativa está en el nuevo ministro de Defensa, Pedro Sánchez.
Su perfil militar genera esperanzas de que, al menos, entienda la necesidad de una ofensiva contra el crimen.
Sin embargo, la verdadera decisión la tiene el presidente Gustavo Petro, quien hasta ahora ha privilegiado el diálogo y las concesiones sobre la acción contundente.
Si la estrategia de seguridad no cambia, el futuro de estos departamentos será sombrío.