El virus y las cárceles

Mientras que el Estado exige estrictos protocolos de bioseguridad para autorizar la reapertura de las empresas y el comercio, parece que no aplica la misma rigurosidad en la prevención del covid-19 en las instalaciones que están a su cargo.

Así lo indica lo que está ocurriendo con cárceles que, como ya ocurrió en la de Villavicencio y ahora en la de Cali, se convirtieron, por incompetencia del Inpec, en focos de contagio masivo del coronavirus.

En teoría, evitar la entrada del virus a los penales es asunto sencillo: basta con prohibir las visitas hasta que pase la pandemia y, mientras tanto, aplicar estrictos controles para el ingreso del personal que labora en estos sitios, con desinfección, uso obligatorio de tapabocas y valoraciones diarias para identificar posibles portadores e impedirles el ingreso.

Pero de la teoría a la práctica hay una gran distancia y el Inpec comenzó a aplicar los protocolos de bioseguridad cuando el virus ya había entrado a las cárceles, y como el hacinamiento en estos sitios es hasta del 300%, el covid-19 se propagó rápidamente. La cárcel de Villahermosa, en Cali, tiene capacidad para dos mil reclusos, pero alberga seis mil; allí  el amontonamiento y las condiciones sanitarias propician la expansión del virus.

Si es obvio que las cárceles, y en especial las colombianas por el sobrecupo, pueden convertirse, en puntos de propagación de la peste, ¿por qué el Inpec no tomó medidas oportunas? Que los reclusos sean, en su mayoría, delincuentes, no justifica que el Estado no los proteja de la amenaza sanitaria. La sociedad no debe ser indiferente ante la situación que se vive en las cárceles y, por el contrario, debe exigir un trato digno para quienes están tras las rejas.

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