La expansión criminal en Cali revela el abandono estatal y el peligro que enfrentan las nuevas generaciones.
Los jóvenes no pueden ser carne de cañón
La aparición de grafitis alusivos a las disidencias de las Farc en puertas y negocios de Llano Verde, a tan solo 150 metros de una estación de Policía, no es un hecho aislado, es una alerta grave que demuestra hasta qué punto las organizaciones criminales se han expandido dentro de los centros urbanos; están presentes, activas y operando frente a los ojos de la institucionalidad.
Pero más allá del mensaje simbólico de los grafitis, lo verdaderamente grave es lo que viene detrás: el reclutamiento de menores.
Los grupos armados ofrecen pagos mensuales, motos, drogas y armas para atraer a adolescentes vulnerables.
Usan redes sociales, emisoras clandestinas y, lo más peligroso, se aprovechan del abandono en que se encuentran miles de jóvenes que no tienen oportunidades reales de vida.
Esta tragedia está ocurriendo en Cali, también en Jamundí y varios municipios del vecino departamento del Cauca. Claramente, no es algo que esté en manos de las alcaldías ni de las gobernaciones, el orden público es responsabilidad del gobierno nacional, que ha frenado el accionar de la Fuerza Pública y ha tomado decisiones que han permitido el avance y la consolidación territorial de grupos criminales que llevan años acabando con las esperanzas de las nuevas generaciones de las zonas rurales y ahora van por los jóvenes de los centros urbanos.
El Estado tiene dos tareas urgentes. La primera, contener con decisión a las organizaciones criminales: judicializarlas, debilitarlas, impedir que sigan avanzando y, la segunda, invertir de verdad en oportunidades para los jóvenes, para que la legalidad sea más atractiva que el crimen.
Lo que está en juego no es solo el presente de la seguridad, es el futuro de toda una generación.