El presidente Petro no puede quedar atrapado en la lógica de quienes disfrazan la protesta con fines criminales.
Hay que salir de la trampa de las protestas
No será fácil para el gobierno nacional conjurar la proliferación de bloqueos y protestas violentas que se ha extendido por todo el país, y no lo será porque, de una forma o de otra, el sector político que hoy gobierna a Colombia validó este tipo de manifestaciones y las capitalizó electoralmente para llegar al poder.
Lo que se está viendo con el paro minero es una réplica a escala regional de lo que ocurrió en el paro nacional de 2021, es decir, una mezcla de protesta social con infiltración de grupos ilegales que deriva en bloqueos, violencia, destrucción y vandalismo.
En este caso en participar es claro que no son los mineros artesanales los autores intelectuales de lo ocurrido en Antioquia y Córdoba, sino que hay organizaciones criminales estimulando el estallido para presionar decisiones gubernamentales favorables a sus actividades ilícitas.
Este fin de semana el presidente Gustavo Petro aseguró que el “clan del golfo” está detrás de estos hechos que tienen paralizados a cerca de 15 municipios, en los que la población civil está confinada y afectada por desabastecimiento de alimentos y medicamentos.
Con el antecedente del paro de 2021, en el cual el hoy presidente, entonces candidato, no tomó distancia ni mucho menos condenó lo ocurrido, sino que, por el contrario, lo validó y alentó con eufemismos, preocupa la real capacidad de Petro para afrontar el brote de violencia en el bajo Cauca y evitar que este perverso esquema de presión se extienda por todo el país.
El mandatario no puede dejarse distraer por romanticismos que terminen generando vacíos que empoderen a los violentos y compliquen aun más las condiciones de inseguridad del país. Hay que recuperar el control y garantizar los derechos de la población civil.