Impunidad y elegibilidad
¿Los colombianos lo aprueban o simplemente no les interesa el tema?
Timochenko, el máximo cabecilla de las Farc, tiene 16 condenas en la justicia ordinaria colombiana que suman 448 años de cárcel. Sin embargo, con la jurisdicción especial para la paz, recibiría una condena de entre cinco y ocho años, sin prisión, pero con restricciones de libertad, tendría que cumplir lo que en el acuerdo final se ha denominado funciones “reparadoras o restauradoras” y se le permitirá la elegibilidad política.
La diferencia entre las condenas impuestas por la justicia ordinaria y las que recibirían los cabecillas de las Farc en la justicia alternativa amerita un debate sobre el castigo y la impunidad, pero más allá de la discusión que ha dado un sector, parece que al grueso de la sociedad colombiana no le importara el tema, ¿por qué? La explicación puede estar en que los colombianos no están familiarizados con la justicia y, por lo tanto en esta sociedad no se le da valor a la misma; en nuestro país la impunidad se calcula en el 75,6%, es decir que la posibilidad de que cualquier delito sea castigado, desde los cometidos por los jefes guerrilleros hasta el más venial, es de menos del 25%.
Lo mismo ocurre con la posibilidad de que los responsables de crímenes atroces puedan llegar al Congreso, en un país en el que la abstención se mueve entre el 60% y el 65%, es claro que a la gran mayoría no le importa quién ocupe los cargos de elección popular.
El no a la impunidad debería ser una consigna social general para los colombianos, no solo aplicable al acuerdo con las Farc, sino a cualquier actuación por fuera de la ley, pero es difícil, por no decir imposible, que la ciudadanía reclame algo que no conoce.