Inmovilizados
Es muy diciente que los ciudadanos defiendan a quienes les prestan un servicio de transporte ilegal.
El pasado martes un equipo de la Secretaría de Tránsito de Cali trató de inmovilizar una buseta que prestaba el servicio público pese a tener cancelada la tarjeta de operación.
Hasta ahí, la información parece la de un operativo cotidiano contra el paralelismo y el transporte pirata. Sin embargo, durante el proceso ocurrió un hecho insólito: los pasajeros se solidarizaron con el conductor y se negaron a bajar, lo que impidió que el vehículo fuera subido a una grúa y conducido a los patios. Finalmente, el automotor continuó su recorrido y los guardas no pudieron cumplir con el proceso.
No es la primera vez que los ciudadanos se ponen del lado de quienes prestan un servicio no autorizado. Una semana atrás, los usuarios de motos piratas se enfrentaron a piedra con la Policía en Siloé en defensa de esta modalidad de transporte. Los habitantes de barrios del oriente de la ciudad también han salido a reclamar que no les retiren los camperos que los transportan y lo mismo ha ocurrido en las laderas de Terrón Colorado.
¿Por qué los ciudadanos están desconociendo a las autoridades y se están atravesando en los operativos contra el transporte pirata? La respuesta es muy sencilla: porque estas acciones de control se han emprendido sin pensar en los usuarios, a quienes se les quita un servicio sin ofrecerles una solución.
Lo grave es que este tema parece visto con indolencia por parte de los encargados, que no se ponen en los zapatos de la gente, que en la mañana tiene la presión de llegar puntual al trabajo y al final de la jornada el deseo de aprovechar su tiempo libre, y acude a un sistema ilegal y peligroso como el pirata ante las demoras y las deficiencias de cobertura del sistema integrado de transporte masivo.
La Alcaldía, Tránsito y Metrocali deben cuidarse de que la guerra contra el transporte pirata no se convierta en una guerra contra los usuarios.