La inscripción inusualmente alta de cédulas en algunos municipios no puede verse como un simple error estadístico.
¿Están imponiendo el voto obligatorio?
Los datos revelados por la Procuraduría sobre la inscripción de cédulas para las elecciones de 2026 deben ser leídos como una señal de alarma.
Mientras el promedio nacional es de 2,29 ciudadanos por cada mil habitantes, municipios como Puerto Gaitán, Meta, registran un desbordado 80,64%.
En La Jagua del Pilar, La Guajira, la cifra alcanza el 44,37%. Estos números no se pueden ver como simples anomalías, púes pueden ser el reflejo de un fenómeno que puede estar directamente ligado al avance del control armado y a la presión que ejercen grupos ilegales sobre la población.
En territorios donde las disidencias, la guerrilla o el crimen organizado marcan la vida diaria, no se puede descartar que estas inscripciones masivas respondan a una estrategia para obligar a los ciudadanos a votar de cierta manera.
Es un “voto obligatorio” impuesto por la intimidación, donde la libertad de elegir se convierte en un lujo inexistente.
La democracia, en esos lugares, queda reducida a una simulación controlada por quienes tienen las armas.
No es un escenario nuevo. En 2022, en Argelia, Cauca, bajo dominio de disidencias, la participación llegó al 74% y el 93% de los votos fue a un solo candidato, una cifra que cualquier observador independiente consideraría atípica.
Por ello, lo ocurrido hoy en municipios del Meta, de La Guajira o del Chocó debe prender las mismas alarmas.
El problema de fondo es que el Estado sigue cediendo espacio a los ilegales. Donde debería haber garantías, lo que hay es miedo; donde debería haber institucionalidad, lo que manda es el panfleto o la amenaza.
Si el presidente Gustavo Petro no corrige el rumbo y fortalece la presencia estatal, el proceso electoral que se avecina corre el riesgo de estar marcado por la coerción.
Las elecciones de 2026 deben ser libres. Quienes resulten elegidos tienen que serlo sin que el voto esté condicionado por la intimidación de un fusil o el poder de las mafias.
El llamado es claro: blindar la democracia y garantizar que en Colombia nadie vote por miedo, sino por convicción.