La condena de ocho años sin cárcel a los exjefes de la guerrilla envía un mensaje de impunidad y mina la confianza en la justicia.
Un fallo que insulta a las víctimas de las Farc
El fallo de la Jurisdicción Especial para la Paz que condena a siete exintegrantes del Secretariado de las FARC a ocho años de sanción restaurativa —sin un solo día de cárcel— por 21.000 secuestros es un golpe a las víctimas y un mensaje de impunidad que resulta difícil de justificar.
Es cierto que la JEP actúa bajo el marco legal aprobado tras el Acuerdo de Paz del gobierno de Juan Manuel Santos, pero también lo es que ese marco fue rechazado en el plebiscito por la mayoría ciudadana y luego impuesto vía Congreso.
Así, la decisión judicial no solo refleja la aplicación de unas normas cuestionadas desde su origen, sino que confirma la sensación de burla para quienes padecieron el secuestro, la violencia y la degradación humana.
Más preocupante aún es que esta condena, a diferencia de lo que sucede con cualquier otro colombiano procesado por delitos mucho menores, no inhibe a los excomandantes guerrilleros de ocupar cargos públicos.
Hoy, quienes planearon y ejecutaron crímenes atroces se sientan en el Congreso y seguirán allí, amparados por privilegios que la mayoría de la población nunca tendría.
El mensaje que se envía a la sociedad, especialmente a las nuevas generaciones, es devastador: en Colombia ser criminal paga.
La sensación de que los beneficios recaen sobre los victimarios y no sobre las víctimas estimula la impunidad y erosiona la confianza en las instituciones.
El contraste se hace aún más evidente cuando se observa que las disidencias de las Farc, herederas de rutas del narcotráfico, estructuras y prácticas ilegales que nunca se entregaron, continúan hoy generando violencia, extorsión y narcotráfico en diversas regiones.
La paz que se prometió nunca fue plena, ni en términos de verdad ni de reparación, y el país sigue atrapado en una espiral de violencia que recuerda épocas pasadas.
Con este panorama, la pregunta es inevitable: ¿valieron la pena las concesiones judiciales y políticas que se entregaron a cambio de tan pocos resultados para las víctimas y para la sociedad?
Este fallo, más que cerrar heridas, las reabre. Si la justicia transicional debía dignificar a las víctimas y generar garantías de no repetición, la realidad es que deja la impresión de que todo se resolvió en favor de los victimarios.
Y lo más grave: deja sembrada la duda sobre qué tipo de país estamos construyendo si la recompensa para los autores de crímenes atroces es ocupar las curules que no obtuvieron con votos, y además sin pagar un solo día de cárcel.