Aquí los criminales tienen gran responsabilidad, sin duda, pero también el Estado, por su abandono.
La maldición del reclutamiento de menores
Las cifras del reclutamiento de menores de edad en Colombia son impresionantes, dolorosas y vergonzosas. Según un estudio del Instituto de ciencia política Hernán Echavarría Olózaga, se calcula que en Colombia 13 mil menores de edad han sido arrastrados hacia el conflicto y las actividades ilícitas por diferentes actores al margen de la ley, especialmente por las Farc.
Lejos de finalizar con la negociación realizada entre el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y la guerrilla, este flagelo, del que los cabecillas de esta agrupación no rindieron cuentas y por el que hoy siguen sin asumir responsabilidad alguna, continúa. Las disidencias, el ELN y las bandas criminales no paran de reclutar niños y adolescentes.
Más grave aún es que, sin que esto salve de su responsabilidad a los reclutadores, la intimidación armada y las amenazas contra sus familias no son las únicas vías por las que los jóvenes de los campos terminan cargando un fusil. No son pocos los testimonios de menores de edad que voluntariamente se unieron a organizaciones criminales porque en su entorno, ante la falta de oportunidades y el abandono del Estado, erróneamente lo consideraron su mejor o, tal vez, su única alternativa.
Este no es un fenómeno exclusivo de las zonas rurales, en los centros urbanos el crimen también recluta menores de edad a quienes instrumentaliza para cometer todo tipo de delitos, desde robos hasta homicidios, pasando por la venta de drogas.
Mientras el Estado no rompa esta espiral, muchos jóvenes se seguirán perdiendo en el camino de la delincuencia y, al mismo tiempo, con sus acciones, le cobrarán a la sociedad y al Estado ese abandono que los dejó en manos de las industrias criminales. Por eso, el gran reto debe ser brindarles alternativas en la legalidad a las nuevas generaciones, al tiempo que se combate a las organizaciones delincuenciales que los reclutan.