Las alertas electorales

A poco más de tres semanas de las elecciones regionales, un informe presentado por la Misión de Observación Electoral, MOE, indica que los riesgos por fraude y por factores de violencia confluyen en 152 municipios del país.

Lo anterior indica que en el 13.3% de las localidades colombianas los resultados electorales podrían no obedecer a la libre voluntad popular, por cuenta de los corruptos y los violentos, o una alianza entre representantes de ambos bandos. La gran pregunta es qué está haciendo y qué va a hacer el Estado para impedirlo.

A las amenazas contra candidatos y la interferencia de grupos armados, se suman denuncias que hablan de la infiltración de campañas con dineros del narcotráfico, lo que induce a otra peligrosa práctica que también altera el normal discurrir de los procesos democráticos: la compra de votos.

Cuando un ciudadano define su voto por un factor distinto a su libre voluntad, ya sea por presión armada, o por una razón transaccional (dinero, un puesto, un bulto de cemento, etc.), le entrega su futuro y el de su comunidad a un candidato capaz de recurrir a acciones ilícitas para hacerse al poder.

El miedo, si es amenazado; la ambición o la necesidad, si lo hace a cambio dinero u otras prebendas, no permiten que ese elector que vende su voto mida las consecuencias de su acto.

En la historia reciente de nuestro país las grandes agrupaciones del crimen, como los carteles del narcotráfico, la guerrilla y los paramilitares, se han aliado con miembros de la clase política, con las nefastas consecuencias que toda Colombia conoce. Por eso, las elecciones del 27 de octubre deben asumirse como una oportunidad para romper con ese pasado.

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