Las atípicas y conductas típicas

Los partidos tienen que responder cuando avalen inhabilitados o corruptos.

Las elecciones atípicas de Cartagena son el reflejo de un fenómeno frente al que Colombia tiene que tomar medidas.

Hace menos de un mes Jamundí, en el Valle del Cauca, también tuvo elecciones atípicas. En la mayoría de los casos, estos procesos electorales extraordinarios se generan por destituciones, ya sea por condenas o por sanciones disciplinarias, y, sobre todo, por nulidades electorales, que tienen su origen en la elección de mandatarios inhabilitados.

Por cuenta de las atípicas, Colombia es un país que vive en elecciones, solo en el último mes se han realizado cuatro procesos electorales, y el 20 de mayo, una semana antes de la primera vuelta de las presidenciales, habrá votaciones extraordinarias en Purificación, Tolima, para elegir alcalde.

Según datos de la Misión de Observación electoral, MOE, hasta 2017, después de las elecciones de 2015 se habían realizado 27 atípicas, una cada dos semanas, que le representaron al Estado ocho mil millones de pesos.

La colectividad que avale a un inhabilitado o a un corrupto, debería ser sancionada con el impedimento para entregar avales en la circunscripción en cuestión en las siguientes elecciones y obligada a sufragar las atípicas.

Y si los partidos no hacen lo que deben, las autoridades electorales tampoco; en el caso de Jamundí, por ejemplo, las atípicas se llevaron a cabo sin que el Consejo Nacional Electoral resolviera una acción legal que pedía la revocatoria de la inscripción del candidato Jhon Freddy Pimentel por una presunta inhabilidad.

Mientras los partidos políticos no asuman la responsabilidad por avalar candidatos inhabilitados o que tras ser elegidos incurren en conductas dolosas, este será un cuento de nunca acabar, con las consecuencias de inestabilidad que tiene para los entes territoriales y los altos costos en los que debe incurrir el Estado.

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