Las cifras de quemados confirman que la lección sigue pendiente
La pólvora vuelve a cobrar factura
Entre el 1 y el 25 de diciembre, en Colombia se reportaron 825 personas lesionadas por el uso de pólvora en Colombia.
El dato, entregado por el Instituto Nacional de Salud, no solo confirma que el problema persiste, sino que además muestra un aumento del 5,1 % frente al mismo periodo del año anterior.
Una vez más, el país repite una historia conocida sin haber aprendido la lección.
Más preocupante aún es que casi un tercio de los afectados son menores de edad: de los 825 lesionados, 267 son niños, niñas y adolescentes.
Detrás de esa cifra hay hogares, familias y entornos que fallaron en una responsabilidad básica: proteger a los menores de riesgos previsibles y evitables.
Esto, sin contar el subregistro de casos de quemaduras en las que no se acude a centros asistenciales para evitar reportes ante las autoridades.
El informe del INS agrega un dato que debería encender todas las alarmas. En 29 de esos casos de menores lesionados, los adultos responsables se encontraban bajo los efectos del alcohol.
Esa combinación, tan frecuente como irresponsable, explica buena parte de los accidentes.
Celebrar no puede seguir siendo sinónimo de perder el control, mucho menos cuando hay niños de por medio.
Lamentablemente, la pólvora no es un accidente inevitable, es una conducta repetida que sigue normalizándose en muchas celebraciones.
Las quemaduras dejan secuelas físicas, psicológicas y económicas que no desaparecen con el cierre de las fiestas.
De cada persona, especialmente de cada adulto, depende que este panorama, ya preocupante, no empeore, pues aún falta la noche más crítica del calendario en materia de quemados con pólvora: el 31 de diciembre.
Pretender que esta vez será diferente, sin cambios reales en el comportamiento ciudadano ni en la vigilancia de las autoridades, es engañarse a sí mismos.
Aquí la responsabilidad es compartida. La ciudadanía, que insiste en manipular pólvora pese a conocer los riesgos, y las autoridades, que año tras año anuncian controles, prohibiciones y campañas pedagógicas que no logran frenar el problema.
La permisividad, la falta de sanciones efectivas y el incumplimiento de las normas terminan convirtiendo la prevención en un discurso vacío.