Liberar a jóvenes de “Primera línea” rompe equilibrio de poderes

Además del pésimo mensaje que se le envía al país, especialmente a las nuevas generaciones, en lo referente a las consecuencias legales que debe asumir todo aquel que atente contra la vida y los bienes ajenos, la intención del presidente Gustavo Petro de liberar a los jóvenes de la primera línea que están presos por incurrir en conductas delictivas durante el paro nacional, amenaza con romper el ordenamiento jurídico, pues implica que el ejecutivo tome decisiones que no le competen y que son del resorte exclusivo del poder judicial.

El pasado 9 de diciembre, el jefe de Estado firmó un decreto a través del cual crea una comisión, conformada por los ministros de Justicia e Interior, así como el alto comisionado para la Paz, que se encargará de evaluar de manera individual los casos de los 230 jóvenes de la primera línea vinculados con acciones criminales.

La procuradora general de la nación, el fiscal general de la nación, el defensor del pueblo y, desde luego, los jueces de la República, han advertido sobre las inconsistencias jurídicas de lo que pretende hacer el jefe de Estado, pues, además de que pasaría por encima del poder judicial con las liberaciones, los jóvenes en cuestión no cumplen las condiciones que fija la ley para ser declarados gestores de paz, porque no hacen parte de un grupo armado al margen de la ley, en realidad son delincuentes comunes y, como tales, la definición de su situación jurídica es competencia de la justicia ordinaria.

¿O, acaso, al darles estas funciones se estarían confirmando los supuestos vínculos ilegales de los que tanto se habló durante el paro?

Ojalá el presidente Petro recapacite y no caiga en el error de estimular la criminalidad juvenil y de romper el ordenamiento jurídico por razones ideológicas.

Foto: Presidencia de Colombia

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