¿Listas cerradas o listas amarradas?
Implementar las listas cerradas a solo seis meses de las elecciones sería un error.
Después de haberse resistido por años a implementarlas, de la noche a la mañana parece imponerse en la clase política colombiana un consenso para adoptar las listas cerradas obligatorias a partir de las elecciones legislativas de marzo de 2018.
En este sistema, los ciudadanos no votan por un candidato en particular a las corporaciones públicas, sino que votan por la lista de un partido.
La hábil jugada sería un salvavidas de los actuales congresistas para perpetuarse en el poder, pues en la conformación de las listas cerradas los partidos reservarían los primeros lugares para quienes obtuvieron las primeras votaciones en las elecciones anteriores. Así, si una colectividad obtuvo diez senadores cuatro años atrás, a esos senadores o a los candidatos que ellos escojan para reemplazarlos, les corresponderán los diez primeros renglones de la lista.
De esta forma, al cabo de cuatro años, los mismos candidatos tendrían asegurados los mismos puestos y, por lo tanto, sus reelecciones estarían casi que garantizadas a perpetuidad.
En este esquema, los candidatos nuevos no tendrían nunca posibilidades reales de ser elegidos, pues siempre estarían en posiciones de relleno, sumando votos para que los mismos de siempre se reelijan.
Si bien es cierto que las listas cerradas imponen orden en los partidos y llevan a que los ciudadanos voten por ideas y no por proyectos personalistas, también acaban con la renovación y restringen la participación política a las mafias que controlan las colectividades.
Además, no es serio que a solo seis meses de las elecciones se pretenda cambiar las reglas del juego. Si se van a implementar las listas cerradas, se debe hacer a partir de las elecciones de 2022, para que haya tiempo de definir reglas claras que permitan que la conformación de las listas no sea amañada.