Los rescates, una obligación
En dos secuestros registrados en la última semana en el suroccidente colombiano el Ejército Nacional ha reaccionado con prontitud y la presión de las tropas ha obligado a los delincuentes a liberar a sus víctimas en pocas horas. El primer caso ocurrió el viernes pasado, en el sur del Valle, con un empleado de un ingenio azucarero que fue privado de la libertad de manera ilegal por un grupo al margen de la ley no identificado, y el segundo es el de los tres ingenieros plagiados en el sur del Cauca por las Farc el pasado miércoles, liberados ayer.
Aunque los operativos de rescate son una obligación del Estado, es común que las familias de los secuestrados, por temor a que los captores ejecuten a las víctimas, se opongan a este tipo de acciones. Es una posición comprensible y respetable. También los simpatizantes de la guerrilla y algunas ONG, que parecen más justificadoras de la subversión que defensoras de los Derechos Humanos, se oponen, sin razón válida a estos operativos.
Sin embargo, los dos casos citados en este texto, son prueba de que una oportuna acción de la Fuerza Pública puede evitar que los secuestrados sean confinados por años en la selva, sometidos a todo tipo de humillaciones y convertidos en letras de cambio para reclamar la liberación de guerrilleros presos o el cese de operativos.
Los secuestradores y sus aliados alimentan el temor al rescate precisamente con la intención de evitar acciones militares en su contra. En la coyuntura actual, cuando las Farc han hecho pública su intención de seguir con esta práctica abominable, el Estado colombiano debe hacer todo cuanto esté a su alcance para evitar que los campos de concentración de la guerrilla se vuelvan a llenar de civiles inocentes y de uniformados que no han hecho más que defender la soberanía y la democracia colombiana.