Medidas blandas para las barras
Seguramente el tema de la violencia en el Pascual no se volverá a tocar hasta que ocurra un nuevo caso.
Como si las lesiones causadas a 18 personas y los daños ocasionados en el estadio Pascual Guerrero el pasado domingo fueran poco, el comité local de seguridad, compuesto por la Alcaldía de Cali, la Policía Metropolitana y representantes de las barras, determinaron una blanda sanción por los desmanes y adoptaron medidas insuficientes para evitar que hechos similares se repitan.
El castigo para las barras se limita a prohibirles durante quince fechas el ingreso de trapos y elementos alusivos al equipo, también se decidió no prestar el estadio para partidos los sábados ni los domingos, como si esto garantizara que no haya revueltas.
Medidas como la utilización de detectores de metales y sensores de alcohol, para evitar el ingreso de armas y la entrada de personas en estado de alicoramiento, aunque tardías, son válidas, pero insuficientes.
Lo grave del asunto es que se trata de un problema, como todo lo relacionado con la violencia de la ciudad, que es minimizado por las autoridades y, por esta razón, no se adoptan todas las medidas necesarias, como la implementación de biometría y cámaras para identificar uno a uno a quienes ingresan al estadio. Aunque suene dispendioso, este procedimiento fue muy útil en
Argentina e Inglaterra en la lucha contra las barras bravas, pues ante la posibilidad de ser fichados y judicializados de manera individual, los violentos empezaron a contenerse.
Las agresiones y actos vandálicos del estadio no son propiciados por el fútbol, sino que son el reflejo de lo que es Cali en materia de violencia; es un problema estructural que requiere medidas fuertes y no paños de agua tibia.
Sin embargo, como ha ocurrido en otras ocasiones en las que los mal llamados hinchas han convertido el escenario deportivo y su vecindario en un campo de batalla, este es un problema del que las autoridades se ocupan solo cuando pasa, y después no se vuelve a tocar.