Minería y corrupción
La explicación del funcionamiento de minas ilegales que debieron cerrarse hace mucho tiempo se resume en una palabra: corrupción.
La tragedia registrada en una mina ilegal en zona rural de Santander de Quilichao, además del dolor de las familias de las víctimas, deja al descubierto la impotencia del Estado colombiano en la lucha contra la extracción ilícita de minerales.
Este caso es la crónica de una tragedia anunciada que todo el mundo había advertido, pero que nadie pudo evitar: después del desastre, ocurrido el pasado 1 de mayo, se conoció que hubo varios intentos por detener la excavación, pero ninguna autoridad lo logró. ¿Por qué?
La minería ilegal es el nuevo narcotráfico, los dueños del negocio son protegidos o aliados de grupos armados ilegales y de bandas criminales, y en algunos casos son sus propios cabecillas. Además del poder que les da tener sus propios ejércitos, estos personajes tienen gran capacidad corruptora y compran a quienes deberían sancionarlos e impedir que sustraigan los recursos naturales a costo del irreparable detrimento ambiental que ocasionan.
Todo esto pasa en las narices de las autoridades nacionales y nadie responde. Es claro que al alcalde de un municipio pequeño y a la Policía local les queda muy difícil enfrentarse a los carteles de la minería; es al Gobierno Nacional al que le corresponde, pero falta voluntad política para hacerlo.
El departamento del Cauca, donde ocurrió la tragedia de la semana pasada, está lleno de socavones ilícitos que además de ser una amenaza para la vida de quienes trabajan en ellos sin ningún tipo de seguridad y de generar contaminación de alto impacto, producen buena parte de los recursos con los que se financia la delincuencia organizada de este país.
Es hora de intervenir con el Ejército Nacional todas las minas que funcionen de manera ilícita, que deben ser clausuradas sin que pueda mediar recurso, amenaza o coima que lo impida.