No más ampliación de cobertura
Históricamente este tipo de contratación no le ha dado buenos resultados a Cali..
Cuando en Cali se habla de ampliación de cobertura educativa, las referencias no son las mejores. En la memoria de la ciudad está el escándalo ocurrido una década atrás cuando se encontraron casos de instituciones privadas contratadas por la Secretaría de Educación en las que había matriculados estudiantes fantasma (se les pagaba por los cupos de niños que no existían) y otras que eran colegios de garaje donde los alumnos recibían clases en condiciones de hacinamiento, sin espacio para el descanso ni la práctica de deportes, sin herramientas pedagógicas y sin el cumplimiento de las normas mínimas de higiene.
Hace poco en Buenaventura estalló un escándalo por hechos similares. Por eso los cuestionamientos de la ministra de Educación, Ginna Parody, y el viceministro de Educación Preescolar, Básica y Media, Víctor Saavedra, a la ampliación de cobertura son válidos.
Un decreto de la Nación prohibió a la Alcaldía de Cali volver a contratar ampliación de cobertura con 63 instituciones privadas que se rajaron en las pruebas Saber, quedaron por debajo de los 20 puntos en una evaluación que se califica de 1 a 100, un resultado vergonzoso.
Con estos antecedentes, es inevitable preguntarse por qué algunos políticos siguen insistiendo en que se contrate ampliación de cobertura, sobre todo cuando en la ciudad hay más de 20 mil cupos disponibles en instituciones públicas.
La respuesta es obvia: no están defendiendo la educación como un derecho de los niños y los jóvenes, sino como un negocio particular en el que la rentabilidad importa más que la calidad. Esos recursos es mejor invertirlos en el transporte de los estudiantes para que lleguen hasta las instituciones públicas para recibir educación de calidad que alimentar un negocio que llena los bolsillos de unos pocos y le deja a la ciudad bachilleres menos que mediocres.