Saltarse al Congreso sería un quiebre institucional que debe ser frenado por la Corte.
La democracia no se gobierna por decreto
El anuncio del presidente Gustavo Petro de convocar por decreto una consulta popular sobre reforma laboral, luego de que el Senado negó esa posibilidad, no solo es un error político, es un quiebre institucional grave que amenaza los fundamentos del Estado de Derecho en Colombia.
No se trata de una diferencia entre ramas del poder sino de una violación directa a la Constitución.
La carta magna establece con claridad que una consulta popular solo puede convocarse con concepto previo y favorable del Senado.
La Corte Constitucional, en pronunciamientos previos, ha reiterado que si el Senado niega o guarda silencio, la iniciativa se agota; por lo tanto, insistir por decreto no es una interpretación alternativa, sino una acción abiertamente inconstitucional.
Más allá del contenido de las reformas propuestas, lo que está en juego es la salud de la democracia.
Pasar por encima del Congreso sería una ruptura con la separación de poderes, un exabrupto que no puede permitirse. La consulta no puede convertirse en un instrumento del Ejecutivo para imponerse al Legislativo.
La Corte Constitucional debe cumplir su deber como guardiana de la democracia y el sistema de pesos y contrapesos, ya lo ha hecho antes en momentos decisivos, y debe hacerlo de nuevo.
Si el presidente quiere reformas, debe tramitarlas como manda la ley: con respeto a las reglas, al Congreso y el compromiso de acatar las decisiones del legislativo, gústenle o no.
El presidente, que ha insistido en denunciar supuestos “golpes de Estado” en su contra, sin prueba alguna, debería entender que este intento de saltarse al Congreso sí representa un verdadero golpe a la institucionalidad.
Desconocer deliberadamente la decisión de una de las ramas del poder público, e imponer por decreto lo que fue negado democráticamente, equivale a desafiar las reglas del juego constitucional.