Petro legitima a jefes criminales mientras la ley y las víctimas son marginadas.
El crimen no puede subir a la tarima
Colombia presenció un hecho alarmante el pasado sábado en Medellín, cuando desde una tarima, ubicada en la plazoleta de La Alpujarra, el presidente Gustavo Petro compartió protagonismo con presuntos jefes de estructuras criminales que operan en el Valle de Aburrá.
Algunos de estos sujetos habrían sido trasladados desde cárceles como la de Itagüí, en un acto que, más allá de la intención política, envió un mensaje profundamente equivocado para todo el país, desde una ciudad golpeada por años de violencia.
¿Qué representa ver a criminales señalados por homicidios, desapariciones forzadas, reclutamiento de menores y violencia sexual recibiendo honores al lado del jefe de Estado?
La defensora del Pueblo, Iris Marín, lo dijo con contundencia: la paz debe construirse con base en el Estado de Derecho, y eso significa que quienes han cometido crímenes deben someterse plenamente a la justicia, no ser exaltados en actos públicos como portadores de una nueva narrativa.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, también fue claro y responsabilizó al presidente Gustavo Petro de debilitar a las instituciones y buscar alianzas con criminales, y tiene razón, pues el jefe de Estado no puede seguir confundiendo el diálogo con la claudicación del poder.
La política de “paz total” hasta ahora ha servido más para fortalecer a los actores ilegales que para garantizar protección a la sociedad civil o reparación a las víctimas.
Ofrecer tarima a quienes han sembrado el terror en comunidades enteras no es un gesto de reconciliación: es una falta de respeto a los colombianos que han sufrido el conflicto.
La paz requiere procesos rigurosos, sometimiento judicial y verdad, no espectáculos políticos. El presidente debe recordar que la legitimidad del Estado se sostiene en la ley, no en aplausos compartidos con quienes la han violado.