El respaldo de criminales al poder abre dudas sobre la libertad del voto y revive la sombra del Pacto de La Picota.
El “Pacto de la Picota” y las elecciones de 2026
La imagen del presidente Gustavo Petro subiendo a la tarima en Medellín a criminales sacados de prisión, a que los que defendió como “personas en rehabilitación” recuerda la fragilidad de las fronteras entre poder político y las estructuras criminales, y trae al presente el polémico “Pacto de La Picota”, cuando en 2022 el hermano del presidente, Juan Fernando Petro, visitó la cárcel para dialogar con parapolíticos y extraditables que supuestamente ofrecieron votos a cambio de beneficios jurídicos.
Aquella denuncia, nunca aclarada del todo, se cruza hoy con la decisión del gobierno de frenar las extradiciones de varios cabecillas criminales. ¿Estamos frente a favores que se devuelven?
No se puede ignorar el riesgo: la criminalidad organizada es una amenaza real para la democracia, sobre todo cuando se le da estatus político y se legitima su poder territorial.
En 2022 ya hubo señales preocupantes. Municipios como Argelia, Cauca, dominados por disidencias y guerrilla, registraron votaciones atípicas: un 74% de participación y un 93% de los votos por un solo candidato. ¿Serán libres los votos en 2026 en territorios así?
Pero el peligro no solo está en las zonas rurales. Hoy las ciudades viven una expansión silenciosa de estructuras criminales que podrían convertirse en maquinarias de presión electoral.
Quienes sean elegidos en 2026 deben serlo sin constreñimiento, sin votos presionados por miedo o favores. La justicia no puede seguir premiando a los criminales y el gobierno debe garantizar que ninguna estructura armada o mafia influya en las urnas.
La sombra del Pacto de La Picota, las alianzas con criminales y la cooptación del Estado por bandas no pueden marcar el destino de 50 millones de colombianos.