Protestas que violan derechos
Dejar ciudades incomunicadas no puede ser una forma de protesta válida
“Mis derechos terminan donde comienzan los derechos de los demás”, dice una célebre frase que le viene como anillo al dedo a lo que está ocurriendo en varias vías del suroccidente de Colombia, en las que comunidades indígenas y campesinas realizan desde la semana pasada bloqueos intermitentes. Con sus protestas, les están ocasionando serios problemas a cientos de miles de personas.
En la vía Panamericana, entre Cali y Popayán, siete mil personas tienen ya con problemas de desabastecimiento a la capital del Cauca, que tiene casi 300 mil habitantes. Esto sin contar el prejuicio que se le causa a los habitantes de municipios del sur de ese departamento y de Nariño, que no pueden desplazarse hacia el norte del país, así como las pérdidas que sufre el comercio nacional.
Y ni qué decir del caso de Buenaventura, donde además de dejar incomunicados por vía terrestre a sus 500 mil habitantes, los bloqueos paralizan la movilización de las exportaciones y las importaciones que se mueven por el puerto vallecaucano, ocasionando una gran afectación a la economía nacional.
Si bien el derecho a la protesta debe respetarse, al amparo de este principio no se pueden vulnerar los derechos de miles de personas; en ese sentido, cuando una protesta cruza el límite y empieza a generar afectaciones de esa magnitud, el Estado debe intervenir.
Pero aquí hay un grave problema, pues el Gobierno Nacional le da un pésimo manejo a la protesta social; primero, porque no atiende las reclamaciones a tiempo, lo que hace que se desborden, y, segundo, porque cuando se salen de control, es incapaz de recuperarlo. Y cuando por fin concerta, después incumple, lo que hace que con el tiempo se repita el ciclo.