Beneficiar a los criminales, exponer a la ciudadanía

El nuevo proyecto del Ministerio de Justicia, que permitiría beneficios judiciales a estructuras de crimen organizado sin carácter político, es otra muestra de que la política de seguridad del gobierno del presidente Gustavo Petro prioriza a los victimarios y no a las víctimas.

A pesar de los cuestionados resultados de la llamada “paz total”, el gobierno sigue empeñado en entregar privilegios a quienes delinquen, sin ofrecer garantías reales a la ciudadanía.

La idea de permitir que cabecillas de bandas criminales, incluso narcotraficantes con larga trayectoria, accedan a penas reducidas o libertades condicionadas después de cinco u ocho años, no solo desconoce el sufrimiento de sus víctimas, sino que expone a la población civil a mayores riesgos.

Muchas de estas estructuras, como la Oficina de Envigado, los Shottas, los Espartanos o los Mexicanos, continúan manejando redes delictivas desde las cárceles. ¿Qué puede esperarse, entonces, si regresan a la calle amparados por beneficios jurídicos?

Los ceses bilaterales, las designaciones de gestores de paz y los constantes acercamientos sin resultados han sido aprovechados por los grupos ilegales para afianzar su control territorial.

La violencia no disminuyó, la seguridad no mejoró, y el miedo sigue marcando la vida en muchas regiones del país. Aun así, el gobierno insiste en otorgar beneficios, ahora con un proyecto que podría disparar la criminalidad urbana si no existen compromisos verificables y garantías para los ciudadanos.

Es inadmisible e ingenuo que se pretenda construir la paz premiando el delito. El gobierno debe garantizar que cualquier proceso con organizaciones ilegales tenga como prioridad la reparación de las víctimas, la reducción real de la violencia y el desmonte efectivo de las redes criminales.

Lo demás, como subir a la tarima a cabecillas delincuenciales o proponer beneficios sin resultados concretos, solo entrega estatus político a criminales que jamás han tenido voluntad de paz.

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