¿Qué pasa en el Cauca?
Los hechos de Caloto son muy preocupantes.
Lo ocurrido el fin de semana en el norte del Cauca, donde un grupo de indígenas quemó cien hectáreas de caña de azúcar y dos buses en los que eran transportados los corteros que se dirigían a laborar en estos cultivos, es una señal inequívoca de los peligrosos alcances que puede tener la disputa por la tierra en el vecino departamento.
Las autoridades, en cierta medida, han estimulado este problema, pues al acceder a las pretensiones de quienes reclaman los territorios, que cada vez piden más y más, han terminado validando su argumento de propiedad ancestral.
Las comunidades indígenas son el 3.5% de la población colombiana, pero tienen la propiedad del 27% del territorio nacional. Si se comete el error de seguir validando su argumento de propiedad ancestral, por ser descendientes de los primeros pobladores del país, habría que entregarles toda Colombia, desconociendo que este es un país pluriétnico, en el que todos sus habitantes, sea cual sea su origen racial, tienen los mismos derechos, y esto implica que así como la raza no puede ser un factor de discriminación, tampoco puede serlo para tener un trato privilegiado y para desconocer el derecho de otros al trabajo y a la propiedad privada.
Con los hechos del fin de semana en Caloto no solo se afectó a los propietarios de la caña y de los buses incinerados, sino a todas las personas que, como los corteros y sus familias, derivan su sustento de trabajar la tierra que los índígenas reclaman.
Una cosa es el respeto absoluto que debe haber por la costumbres indígenas, eso no admite discusión, y otra, muy diferente, es que se validen las ocupaciones ilegales de tierras sin medir las consecuencias sociales, económicas y de orden público que estas conllevan.