Convocar una asamblea constituyente no debe ser excusa para imponer reformas sin consenso.
Una constituyente no puede ser chantaje político
El debate sobre la reforma a la salud volvió a poner sobre la mesa un recurso que se repite cada vez que el gobierno de Gustavo Petro ve hundirse una de sus iniciativas: la amenaza de una asamblea constituyente.
Lo dijo el ministro del Interior, Armando Benedetti, al señalar que frente al “bloqueo institucional” se abre camino esta figura, pero una constituyente no puede ser un atajo para imponer cambios, sino un acuerdo nacional, fruto de consensos amplios.
La crisis de la salud es en gran parte consecuencia de las decisiones del propio Ejecutivo. Por acción o por omisión, se ha llegado a un escenario de asfixia financiera de prestadores y EPS, con la continuidad del servicio en duda para millones de colombianos.
El fracaso de la reforma no radica en la falta de voluntad del Congreso, sino en la pretensión del gobierno de borrar un modelo en lugar de corregirlo mediante el diálogo.
Lo más grave de hablar de una constituyente en este contexto es que sería la excusa para abrir la puerta a modificaciones en el terreno político, como la reelección presidencial es uno de los fantasmas que rondan este debate.
Traer esta figura de regreso significaría desequilibrar los poderes, debilitar la democracia y propiciar el surgimiento de caudillos que tarde o temprano sucumben a la tentación del autoritarismo.
La Constitución de 1991 es joven y suficiente, allí están los mecanismos para tramitar reformas cuando se requieren. Lo que se necesita es voluntad política para construir acuerdos, no discursos que usan la constituyente como amenaza.