Colombia necesita saber si hubo actuaciones que terminaron debilitando al Estado y fortaleciendo a quienes durante décadas han sembrado violencia y terror
El peligroso juego de los “congelados”: ¿Acuerdos del gobierno Petro dejaron más expuestos a Cali y al Valle al terrorismo?
Las revelaciones de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol sobre los presuntos acercamientos entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y el Clan del Golfo ameritan mucho más que un debate político, exigen una investigación exhaustiva por parte de la Fiscalía General de la Nación y de la Corte Suprema de Justicia, porque las preguntas que dejan los audios son demasiado graves para permanecer sin respuesta.
Si, como sugieren las grabaciones, durante los primeros meses del gobierno se discutieron fórmulas para “jugar a los congelados“, suspender operaciones militares, detener bombardeos e incluso realizar cambios en la Fuerza Pública, el país tiene derecho a saber exactamente qué ocurrió, cuáles fueron los límites de esos acercamientos y si existieron o no decisiones que terminaron favoreciendo a una organización criminal.
Las dudas aumentan cuando se observan los resultados. Durante el gobierno de Gustavo Petro el Clan del Golfo pasó de 4.061 integrantes en 2022 a 9.915 en 2025.
Que una organización criminal haya más que duplicado su tamaño mientras avanzaba la denominada “paz total” constituye, por lo menos, un hecho que merece todas las explicaciones.
En ese sentido, resultan legítimos los interrogantes planteados por la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, y el alcalde de Cali, Alejandro Eder.
Si existieron acercamientos de esta naturaleza con el Clan del Golfo, ¿ocurrió algo similar con las disidencias de las Farc, el ELN u otras organizaciones armadas? ¿Pudieron esas eventuales decisiones influir en el deterioro de la seguridad que vivieron Cali y el Valle del Cauca, donde aumentaron los atentados terroristas y las acciones violentas contra la Fuerza Pública y la población civil?
No se trata de afirmar que exista una relación de causa y efecto, se trata de reconocer que los hechos conocidos generan preguntas razonables que solo pueden responder las investigaciones judiciales. El país tiene derecho a saber la verdad.