El secuestro de un menor en Jamundí recuerda el drama silencioso que viven miles de niños en Colombia.
¡Los niños no se tocan!
El secuestro de un niño de 11 años en Potrerito, zona rural de Jamundí, es una tragedia que sacude la conciencia nacional y visibiliza una realidad demasiado frecuente: los niños en Colombia siguen siendo víctimas de una violencia que no distingue edades, territorios ni circunstancias.
Lo ocurrido en Jamundí no es un hecho aislado. En distintas regiones del país, especialmente en zonas de conflicto, los niños son reclutados forzosamente, testigos de asesinatos, desplazados junto a sus familias o instrumentalizados para el delito.
Cada uno de estos escenarios supone una violación flagrante a sus derechos más fundamentales y una deuda del Estado que aún no logra cumplir su promesa de protección integral para la infancia.
Resulta aún más alarmante que en los centros urbanos, donde se supone que hay mayor presencia institucional, los niños tampoco estén seguros.
Como lo demuestra este secuestro, el crimen organizado ha logrado cruzar las fronteras rurales y operar con total impunidad.
Lo que está ocurriendo en Colombia debe ser atendido con urgencia y sin discursos vacíos. Proteger a la niñez no es solo un mandato legal o un compromiso internacional; es una obligación moral que define la calidad humana de una sociedad.
Si la violencia ya no respeta ni siquiera la infancia, es porque se ha cruzado una línea roja que nos acerca al colapso ético.
En este escenario, el Estado debe actuar con contundencia, pero también con presencia integral. No basta con ofrecer recompensas o emitir comunicados, se necesita recuperar el control territorial, reforzar los sistemas de protección y garantizar que ningún niño más sea arrancado de su hogar por la fuerza del miedo.
Cuando los niños ya no están a salvo, ninguna sociedad puede considerarse verdaderamente en paz.