La violencia reciente obliga a poner la seguridad en el centro del debate electoral
¿Qué proponen los candidatos en materia de seguridad?
El paro armado decretado por el Ejército de Liberación Nacional, que se extendió hasta el 17 de diciembre, confirmó que la seguridad ciudadana atraviesa uno de sus momentos más críticos.
Durante 72 horas, distintas regiones del país vivieron cierres viales, amenazas, instalación de artefactos explosivos y ataques contra la población. No se trató de hechos aislados, sino de una demostración de fuerza que rompió cualquier ilusión de normalidad institucional.
En Cali, las consecuencias fueron trágicas. En la madrugada del 16 de diciembre, un atentado terrorista en el barrio Mariano Ramos dejó dos policías muertos tras la explosión de un artefacto improvisado contra una patrulla.
El ataque, atribuido al ELN en el marco de su paro armado, evidenció que las advertencias de esta guerrilla no eran retórica y que la capacidad de golpear en centros urbanos sigue intacta.
La ciudad, una vez más, quedó en medio de una violencia anunciada.
Casi de manera simultánea, el municipio de Buenos Aires, en el norte del Cauca, fue escenario de un ataque devastador por parte de las disidencias de las Farc.
La incursión armada dejó buena parte de la población destruida, viviendas afectadas y una comunidad sumida en el miedo.
Este hecho demencial y salvaje confirmó que, mientras el Estado retrocede, los grupos armados avanzan y convierten a los municipios en campos de batalla.
Cuando faltan menos de seis meses para la primera vuelta presidencial, esta realidad obliga a poner la seguridad en el centro del debate nacional.
No basta con respuestas coyunturales ni con comunicados oficiales. El deterioro de la vida cotidiana se hace evidente cuando organizaciones criminales imponen restricciones de movilidad, paralizan economías locales y erosionan la confianza ciudadana en la capacidad del Estado para proteger.
Por eso, los candidatos presidenciales deben ser claros. El país necesita saber qué proponen para enfrentar el crimen organizado, cómo piensan recuperar el control territorial, de qué manera fortalecerán la inteligencia y las fuerzas militares y cómo garantizarán presencia estatal sostenida en las zonas más vulnerables. La seguridad no puede seguir siendo un asunto secundario ni ideologizado.
Más allá de las posiciones políticas, la seguridad debe ser una prioridad transversal. Está en juego la vida de los ciudadanos, la libertad de movilizarse y la convivencia democrática.
La coyuntura actual exige definiciones claras. Colombia no puede esperar a que la violencia alcance niveles irreversibles para reaccionar.
El debate electoral debe responder, sin evasivas, a una pregunta esencial: cómo devolverle al país la seguridad perdida.