Seguridad para los VIP
El Estado debe revisar el criterio de asignación de escoltas y el manejo de los mismos.
La crisis presupuestal de la Unidad Nacional de Protección dejó al descubierto no solo el alto costo que tiene para el Estado colombiano la custodia de cerca de siete mil ciudadanos que tienen esquema de seguridad oficial, que asciende a $394 mil millones al año sino también los abusos por parte de muchos de los protegidos.
Preocupa que parte de esta suma, bastante alta, se destine al sostenimiento de esquemas de seguridad de personas que no las necesitan y que por paranoia o esnobismo se las ingenian para hacerse con escoltas gratuitos. Según dio a conocer la revista Semana, solo entre exfuncionarios de gobiernos anteriores hay 100 con esquemas de seguridad que no los necesitan. Los recursos asignados para la protección de estas personalidades podrían destinarse a la de otros colombianos que sí la requieran.
En este caso preocupa que haya criterio político para asignar los escoltas.
Algo que también debe revisarse es el manejo que los protegidos le dan a sus escoltas, pues son comunes las historias de guardaespaldas utilizados como conductores de las familias, como mensajeros o que tienen entre sus funciones sacar a pasear el perro. En estos casos, el Estado termina costeándole personal doméstico y de oficios varios a toda una familia. ¿Qué podrá opinar de esto el ciudadano de a pie, que a diario debe enfrentar la inseguridad en las calles de las ciudades colombianas sin más protección que las propias precauciones que tome para evitar ser presa de los delincuentes?
El Gobierno nacional tiene que hacer una supervisión eficaz del manejo de los escoltas y asegurarse de que solo los tengan quienes verdaderamente los necesitan.
Si bien se entiende que algunos funcionarios, por el riesgo inherente a sus cargos, tengan protección especial, en un país peligroso para 44 millones de personas, resulta un abuso que haya ciudadanos que por apellidos o rosca tienen seguridad vip gratuita.