Suspender capturas del Clan del Golfo alimenta dudas sobre presión armada en elecciones
¿Por qué Petro levanta órdenes de captura a criminales en plena campaña?
La decisión del gobierno del presidente Gustavo Petro de suspender las órdenes de captura de 29 cabecillas del Clan del Golfo, incluidas algunas con fines de extradición, genera preocupaciones legítimas por el momento en que ocurre.
La medida estará vigente hasta el 25 de junio, apenas cuatro días después de la segunda vuelta presidencial, lo que inevitablemente coincide con el periodo más sensible de la campaña electoral.
El antecedente del llamado “Pacto de La Picota” hace imposible ignorar las suspicacias que despierta una decisión de este tipo.
Durante la campaña presidencial de 2022 se conocieron reuniones de Juan Fernando Petro, hermano del hoy presidente, con delincuentes y extraditables en cárceles del país, en medio de lo que se presentó como acercamientos para una propuesta de “perdón social”.
Además, el propio hermano del presidente reconoció posteriormente que esos contactos incidieron electoralmente en regiones controladas por estructuras criminales.
Sus declaraciones sobre “ese millón y pico de votos” reabrieron las dudas sobre el verdadero alcance de esas gestiones y sobre la posible capacidad de presión electoral de organizaciones ilegales.
En ese contexto, resulta entendible la preocupación expresada por distintos sectores políticos frente a la posibilidad de que cabecillas del Clan del Golfo, sin órdenes de captura y con libertad de movimiento, puedan terminar interfiriendo en el proceso electoral mediante coerción armada o control territorial.
Más aún cuando durante esta campaña ya surgieron múltiples denuncias sobre presuntas presiones de grupos ilegales para orientar votaciones en favor del candidato del petrismo.
Por eso, el gobierno debería actuar con máxima prudencia y no alimentar sospechas innecesarias. En democracia no basta con actuar dentro de la legalidad formal, también es indispensable preservar la confianza y las garantías electorales.
Además, el deber del Estado durante una campaña presidencial no es facilitar movilidad a criminales, sino perseguirlos y garantizar que las elecciones se desarrollen libres de intimidación armada.
Las regiones bajo control de estructuras ilegales requieren presencia institucional y acciones contundentes de seguridad, no señales que puedan interpretarse como permisividad.