La seguridad debe garantizarse si se quiere erradicar con éxito los cultivos ilícitos.
Sustituir cultivos requiere más que buenas intenciones
Los anuncios del gobierno nacional sobre planes de sustitución de cultivos, como el presentado esta semana para Jamundí, pueden sonar alentadores.
Sin embargo, si no se garantiza la seguridad de las comunidades rurales, serán otra promesa incumplida.
La expansión de las plantaciones ilegales a niveles de hace dos décadas demuestra que el problema no es solo económico, es, sobre todo, de control territorial.
Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Colombia cerró 2023 con 253.000 hectáreas de coca y las proyecciones estiman que 2024 cerró con cerca de 300.000.
Este aumento se dio mientras el gobierno del presidente Gustavo Petro frenó la erradicación forzada y puso su apuesta en la incautación.
El resultado fue previsible: los grupos armados aprovecharon la permisividad para extender su negocio.
La sustitución de cultivos debe ir más allá de la oferta de nuevas semillas. Los campesinos que acepten sustituir coca por maíz o plátano quedarán expuestos a represalias de quienes controlan el narcotráfico en las regiones.
Guerrilla, disidencias y bandas criminales son, en la práctica, organizaciones narcoeconómicas y, si no se combate su poder con determinación, cualquier intento de reconversión agrícola está condenado al fracaso.
La sustitución de cultivos ilícitos debe ir acompañada de un plan de choque contra quienes obligan a los campesinos a sembrar coca bajo amenaza, no hacerlo así sería una ingenuidad gubernamental.
Sin seguridad rural no hay transformación posible; los cultivos legales solo florecen donde hay garantías y si el Estado no logra controlar el territorio, no podrá reemplazar las economías ilegales.
Y mientras tanto, los narcos seguirán cosechando coca y miedo.