Un fallo a favor de los victimarios
Un Fallo del Consejo de Estado conceptuó que las estaciones de Policía no deben estar en zonas de riesgo para la población civil, es decir que, según la decisión del alto tribunal, las instalaciones de la Fuerza Pública deben ser reubicadas en aquellos sitios en los que puedan ser objeto de ataques guerrilleros, para evitar los efectos colaterales sobre la vida y bienes de los civiles vecinos.
En la misma decisión el Consejo de Estado ordena a la Policía indemnizar a los habitantes de Puerto Rondón, Arauca, que resultaron afectados por tres ataques guerrilleros contra la estación de Policía de ese municipio en 1999.
Este fallo representa una grave amenaza para la seguridad nacional y, contrario a defender a los civiles, los deja a merced de la delincuencia, especialmente de la guerrilla, que con los ataques a las bases policiales busca sacar a la Fuerza Pública de poblaciones con alta presencia subversiva. En resumen, con esta decisión el Consejo de Estado logra por vía judicial lo que las Farc no habían logrado a través del terrorismo.
Si este fallo se implementa, será el equivalente a poner en marcha pequeños despejes que le permitirán a las Farc tomar el control de las cabeceras de poblaciones apartadas.
Además, con la orden de indemnización por cuenta del Estado, se desvía la atención sobre la responsabilidad guerrillera en las muertes y demás daños ocasionados por sus ataques; si alguien tiene que reparar a las víctimas es el autor del delito, que en el caso de los atentados terroristas de Puerto Rondón son las Farc.
Parece que además del Gobierno Nacional, todo el Estado está dispuesto no sólo a hacerse el de la vista gorda con los crímenes de la guerrilla sino a tomar decisiones a favor del grupo subversivo, aunque estas vayan en detrimento de la ciudadanía y la institucionalidad.
