Una reforma que nos puede enfermar

Entre las grandes dudas que hay en torno a la reforma a la salud está la financiación de la infraestructura que deberá crear el Estado colombiano para continuar con la prestación de servicios que hoy están a cargo de las EPS, las cuales, así en el papel se diga una cosa, en la práctica serán eliminadas, si se aprueba el polémico proyecto presentado por el presidente Gustavo Petro y la ministra Carolina Corcho al Congreso de la República.

Para citar sólo un ejemplo, la implementación de los Centros de Atención Primaria que propone el gobierno nacional costaría $24 billones.

¿De dónde saldrán? No se sabe. Por esta razón un grupo de congresistas, entre ellos Humberto De la Calle, envió una carta al ministro de Hacienda, Antonio José Ocampo, en la que solicita que se precise cuánto costará la reforma a la salud y cómo se financiará.

A esto se suma que la reforma plantea un aumento desmesurado de la burocracia del sistema de salud, porque crea muchos cargos que, según el análisis inicial, no están plenamente justificados.

En ese sentido, los congresistas deben cuidarse de aprobar una iniciativa que sea irrealizable y que, a la larga, termine convertida en una nueva frustración para los colombianos.

Acabar con el actual sistema sin que esté claro cómo se financiará el que lo reemplazará es poner en riesgo la salud de los colombianos, pues se puede caer en un modelo insostenible que colapse rápidamente.

El gobierno tiene que argumentar financieramente su propuesta, porque, según los cálculos iniciales el sistema de salud que propone cuesta hasta un 50% más que el actual.

Si a esto se suma que en los próximos años el país puede perder su principal fuente de ingresos, que es el petróleo, se tiene un preocupante panorama en materia de salud.

Si lo técnico y no financiero no se toma en cuenta en el trámite de la reforma, el sistema de salud de nuestro país se convertirá en el mejor ejemplo de la célebre frase que dice que el remedio resultó peor que la enfermedad.

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