Pensar en suspender, aplazar o cancelar las elecciones es seguirle el juego a los violentos.
Elecciones a toda costa
El asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay y el atentado contra Julio César Triana, apenas horas después de su sepelio, muestran la gravedad del momento político.
Según la MOE, solo en lo corrido de este año se han registrado 106 hechos de violencia contra líderes, con 74 amenazas, 17 atentados, 11 homicidios, 3 secuestros y un caso de violencia contra una mujer política.
Aunque desde hace 35 años no era asesinado un candidato presidencial, la violencia política nunca se fue.
En cada campaña han caído candidatos a alcaldías, concejos, asambleas o al Congreso, lo que confirma que la democracia en Colombia se sigue ejerciendo en medio de riesgos extremos.
El ejercicio electoral se convirtió en un reto de resistencia ciudadana y de responsabilidad institucional.
Por eso, no puede haber espacio para dudas: las elecciones deben hacerse sí o sí, pues lo que buscan los violentos, precisamente, es reemplazar la voluntad popular por la imposición criminal.
Los años 90 tuvieron condiciones más sangrientas y, sin embargo, hubo comicios.
Suspender el proceso no puede ser alternativa; el gobierno nacional, con el presidente Gustavo Petro a la cabeza, está obligado a garantizar no solo la seguridad del día de las elecciones, sino también la de los candidatos y os ciudadanos en todo el territorio.
Se deben enfrentar los problemas y las amenazas, pero las urnas no se cancelan. El remedio no puede ser peor que la enfermedad, pues no hay peor escenario para una democracia que permitir que las balas silencien las urnas.
Si se abre la puerta a cuestionar la realización de elecciones por falta de garantías, se normaliza el poder del miedo y se debilita la esencia misma de la República. Hablar de cancelar las elecciones es un debate inaceptable.