Es muy grave que la mayoría de los despachos judiciales sigan paralizados
¿Y la justicia para cuándo?
Aunque se esperaba que desde el pasado 1 de julio se reactivara el sistema judicial, mayoritariamente paralizado desde que inició el aislamiento obligatorio, no fue así. Los trabajadores de la rama judicial alegan que los despachos no cumplen con las medidas de bioseguridad necesarias para laborar sin exponerse al contagio del covid-19.
Ante lo anterior, es inevitable preguntar por qué, después de tres meses y medio de aislamiento, el sistema judicial no avanzó en la digitalización y en la virtualización de sus procesos, cuando buena parte del país hizo lo propio en otras áreas. El Congreso de la República, los concejos municipales y las asambleas departamentales sesionan utilizando los desarrollos tecnológicos; universidades y colegios le apostaron a la educación virtual, las EPS ampliaron la teleconsulta y miles de empresas se pasaron al teletrabajo, pero la justicia no.
¿Por qué frenar procesos, cuando el juez y las partes podrían conectarse desde sus residencias o sitios de reclusión, si es el caso, y adelantar las audiencias de manera virtual?
Y así como tampoco se aprovechó este tiempo para dotar a los juzgados de la cada vez más accesible tecnología para la comunicación virtual (que no requiere nada más que cámaras, computadores y una buena conexión a Internet), tampoco se acondicionaron los despachos con los protocolos de bioseguridad para adelantar las labores presenciales. ¿Qué tienen para decir el Ministerio de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura?
No hacer ni lo uno ni lo otro aumenta la congestión del sistema, favorece la impunidad y aumenta los problemas de violencia y delincuencia del país justo en el momento en el que más se necesita que la justicia funcione.