¿Y quién responde?
Las respuestas dadas por Emcali frente a los diferentes escándalos que han afectado la imagen de la empresa durante el último mes parecen convincentes; es claro que hay una lucha por poderes económicos en la contratación de la compañía, que es la prestadora de servicios públicos más grande del suroccidente colombiano.
Sin embargo, en aquellos casos en los que se han tomado decisiones que afectan financieramente a la compañía, y que según las respuestas dadas por las directivas fueron tomadas por pasadas administraciones, es necesario que se establezcan responsabilidades. Ya en el pasado una serie de decisiones equivocadas, que algunos consideran fueron grandes negocios orquestados por un movimiento político, llevaron a la empresa a la quiebra y a su posterior intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos. Hoy aún nadie ha respondido ante la ley por casos como Termoemcali y la PTAR.
Eso no puede volver a ocurrir. La gerencia de Emcali debe hablar con nombres propios en los casos de presuntas irregularidades y presentar las denuncias formales ante las autoridades competentes.
¿Quién firmó el contrato de seguridad de la empresa, que según los análisis contratados por la actual administración, está sobredimensionado en su costo? ¿Quién realizó venta anticipada de energía sin garantizar las existencias necesarias? ¿Quién ideó y firmó el contrato de combustible para los vehículos de la empresa, que solo se pueden abastecer en una estación de servicio de la ciudad, aunque presten su servicio en el otro extremo?
Hay buenas respuestas de la administración de Emcali, pero hay que acabar con la perversa costumbre de que nadie responde cuando por acción u omisión se afectan los recursos públicos. Y es a la misma empresa a la que le corresponde dar a conocer los nombres de los autores de los errores o los negociados y emprender las acciones necesarias para que respondan por ellos.