El acuerdo con el Frente 33 debe evitar los errores del pasado y exigir compromisos reales y verificables
¿Vuelven las zonas de despeje?
Todo intento por alcanzar la paz merece apoyo, pero también exige precaución. La instalación de una zona de ubicación temporal en Tibú con el Frente 33 de las Farc-EP, anunciada por el presidente Gustavo Petro, recuerda de forma inevitable el fallido experimento del Caguán.
Aquella zona de distensión, concedida durante el gobierno de Andrés Pastrana, no solo fracasó: se convirtió en refugio para el delito, en una burla para el Estado y en una tragedia para la población civil.
Hoy, dos décadas después, las disidencias que se acogen a este nuevo intento son las mismas que heredaron esas prácticas.
Por eso, el gobierno no puede caer en los mismos errores. Es indispensable que las zonas de concentración no se conviertan en santuarios de impunidad.
El Frente 33 no puede delinquir ni un solo día más si realmente quiere avanzar hacia la paz. La condición mínima para permanecer en esa zona debe ser el cese absoluto de actividades criminales. Cualquier falta debe conllevar consecuencias inmediatas.
La presencia institucional, los mecanismos de verificación y el desarme efectivo no pueden ser asuntos opcionales, sino garantías esenciales para la legitimidad del proceso.
Preocupa que, en lo corrido del gobierno Petro, se hayan otorgado ventajas a los grupos ilegales sin exigir resultados concretos.
Los “ceses bilaterales” han dejado a la Fuerza Pública atada de manos, mientras los grupos armados aprovechan para fortalecerse, tal como sucedió en el Caguán.
La historia ya mostró lo que pasa cuando se confía sin control. No puede haber paz verdadera si no hay compromisos firmes, monitoreo permanente y cero tolerancia con el delito.
El Estado debe actuar con voluntad de paz, sí, pero también con inteligencia, firmeza y memoria.