¿Se les salió de las manos la ley de encuestas?
El malestar que existe hoy en Colombia alrededor de la llamada ley de encuestas sigue creciendo.
Y no es un malestar menor, firmas encuestadoras, analistas, medios de comunicación e incluso sectores políticos consideran que la nueva reglamentación terminó convirtiendo la realización y publicación de encuestas en un escenario demasiado restrictivo, complejo y riesgoso.
Uno de los cuestionamientos más reiterados tiene que ver con la obligación de privilegiar entrevistas presenciales y muestras probabilísticas tradicionales.
Varias firmas consideran –con toda razón– que esto desconoce la evolución tecnológica y dificulta el uso de metodologías digitales o telefónicas que hoy son comunes en muchos países.
Otro de los reparos apunta a las restricciones para divulgar encuestas. La norma limita los periodos en los que pueden publicarse mediciones de intención de voto y además obliga a incluir a todos los candidatos inscritos una vez cierre el proceso de inscripción.
Los críticos consideran que eso reduce el flujo de información para los ciudadanos y termina favoreciendo la opacidad electoral.
También existe preocupación por el impacto sobre la libertad de prensa y el debate democrático.
De hecho, algunos la llaman “ley mordaza”, pues consideran que el nivel de control del Consejo Nacional Electoral podría derivar en censura indirecta o en autocensura de medios y firmas encuestadoras.
Hoy da miedo realizar una encuesta y contratarla y publicarla.
Y hay otro problema que tampoco es menor: los costos. Las encuestas presenciales son mucho más costosas que las telefónicas o digitales, especialmente en un país con dificultades geográficas y de seguridad como Colombia.
Por eso varias firmas consideran que esta reglamentación podría terminar dejando el mercado únicamente en manos de empresas con gran capacidad económica.
Además, expertos en opinión pública sostienen que la ley parte de una visión anacrónica del comportamiento electoral, pues hoy muchos ciudadanos responden más libremente en entornos digitales que en entrevistas cara a cara y que el electorado cambia rápidamente de opinión por la influencia permanente de redes sociales y plataformas digitales.
Todo esto ha llevado a que hoy sean muy pocas las firmas que realmente se estén atreviendo a publicar encuestas en Colombia.
La situación llegó a tal punto que la firma española GAD3 suspendió la publicación de estudios electorales en el país argumentando que la nueva regulación hace “inviable” operar con “garantías mínimas de rigor y viabilidad técnica”.
En medio de este panorama, el senador vallecaucano Carlos Fernando Motoa anunció que esta misma semana presentará un proyecto para derogar expresamente la Ley 2494, la norma que creó la actual reglamentación.
“Esta comisión aprobó el año anterior la denominada ley de encuestas, una iniciativa que ha generado zozobra, incertidumbre, que viene en vez de proteger los principios democráticos afectándolos”, afirmó Motoa durante una intervención en la Comisión Primera del Senado.
En sus redes sociales, el congresista fue todavía más duro. Aseguró que la norma “restringe la libertad de expresión, limita el derecho a la información, debilita la participación política y concentra el control de las encuestas en el Estado y en unas pocas grandes firmas”.
Y mientras crecen las críticas contra la ley, también aumentan los problemas para las firmas encuestadoras.
El mismo día en que Motoa anunció el proyecto derogatorio se conoció que el Consejo Nacional Electoral suspendió la publicación de encuestas de AtlasIntel y abrió una investigación por posibles irregularidades metodológicas.
Las medidas cautelares cobijan tanto a la firma como a la revista Semana.
Pero además, hace apenas una semana el propio CNE abrió investigación contra Invamer por presuntas irregularidades relacionadas con el régimen legal aplicable a las encuestas de opinión política y electoral.
El asunto llegó a tal punto que el propio Consejo Nacional Electoral reconoció recientemente que la ley es “restrictiva” y anunció que trabaja en un proyecto para proponer modificaciones al Congreso.
En medio de todo este panorama, hay otra gran pregunta que sigue abierta. ¿Con la nueva metodología realmente se les puede creer o no a las encuestas?
Porque entre investigaciones, restricciones, cambios metodológicos, suspensión de publicaciones y dudas sobre la forma en la que hoy se están midiendo los estudios electorales, existe incertidumbre sobre qué tan confiables terminarán siendo estas mediciones.
Solo el próximo 31 de mayo, cuando se conozcan los resultados de la primera vuelta presidencial, se sabrá realmente qué tan acertada —o qué tan equivocada— terminó siendo esta nueva metodología.