Tras operativo aéreo del Ejército
Liberan a los 45 soldados secuestrados en zona rural del Cauca
Los 45 soldados que permanecían secuestrados en una zona rural del municipio de El Tambo, Cauca, fueron liberados y ya se encuentran bajo custodia del Ejército Nacional.
El personal fue trasladado al Cantón Militar de Popayán, donde reciben atención médica y acompañamiento especializado antes de reencontrarse con sus familias.
La operación de rescate fue liderada por aeronaves del Batallón de Movilidad y Maniobra N.º 3 y la Fuerza Aérea Colombiana, que ingresaron hasta la vereda Los Tigres, corregimiento de Honduras.
Según lo informado por el Comando de la Tercera División, la misión aérea se desarrolló sin complicaciones y logró evacuar al personal completo, sano y salvo.
Las tropas se encontraban cumpliendo labores de seguridad en el suroccidente del país cuando fueron retenidas por integrantes de la comunidad.
Las autoridades señalaron que esta acción fue influenciada por presiones de un grupo armado residual que opera en la zona, conocido por su vinculación con actividades ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal.
Grave violación al derecho internacional
El Ejército Nacional calificó el secuestro como una violación directa a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario.
Según las autoridades, el caso también representa delitos como obstrucción a la función pública, violencia contra servidor público, concierto para delinquir y secuestro simple.
La institución aseguró que interpondrá denuncias formales ante las autoridades judiciales, con el objetivo de identificar y procesar a los responsables.
Se adelantan investigaciones para esclarecer los hechos y determinar el nivel de participación tanto de civiles como de estructuras armadas ilegales.
El ministro de Defensa denunció públicamente que los soldados fueron retenidos bajo amenazas y que la comunidad habría sido obligada a colaborar mediante presiones del grupo armado.
En sus declaraciones, destacó que este tipo de hechos no solo vulneran la función de la Fuerza Pública, sino que exponen a la población civil a riesgos inminentes.
Organismos como la Personería y el Ministerio de Defensa reiteraron que este tipo de prácticas constituyen delitos de lesa humanidad, que no prescriben y son perseguidos por la justicia internacional.
Así mismo, hicieron un llamado a los organismos internacionales de derechos humanos para pronunciarse ante lo ocurrido.