396 municipios están bajo riesgo
Reclutamiento forzado: una herida abierta en el suroccidente
El reclutamiento forzado dejó de ser un fenómeno asociado únicamente a la guerra y a los menores de edad.
Hoy es un mecanismo de las economías criminales que afecta a niños, adolescentes, jóvenes y adultos en distintas regiones del país.
La Defensoría del Pueblo advierte que 396 municipios están bajo riesgo por esta práctica y que los 32 departamentos tienen al menos un territorio en alerta.
El suroccidente, con Cauca y Valle del Cauca a la cabeza, es uno de los epicentros más graves.
El conversatorio organizado por la UAV y ProPacífico reunió a autoridades locales, representantes de la Defensoría, organizaciones sociales y analistas de seguridad.
Las voces coinciden: el reclutamiento está mutando, crece y se diversifica, y exige respuestas que vayan más allá de la seguridad militar.
Más que un delito, una economía criminal
“En la región hablamos no solo de reclutamiento de menores, sino de reclutamiento constante de personas, jóvenes y adultos”, explicó Rocío Gutiérrez, directora de proyectos de la Fundación Sidoc.
El delito, que vulnera de manera directa los derechos fundamentales de los menores, hoy se ha expandido a otros segmentos de población.
Ya no se trata únicamente de captar a un niño o adolescente para que ingrese a un grupo armado, sino de ofrecer ingresos rápidos y estatus social en medio de la precariedad económica.
El narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas y el microtráfico han convertido el reclutamiento en un engranaje de la economía criminal.
El caso de Caloto: miedo y subregistro
En municipios como Caloto, en el norte del Cauca, el reclutamiento forzado es parte del día a día. Su alcalde, Óscar Cifuentes, describió la crudeza del fenómeno: “El año pasado, oficialmente, solo registramos un caso a través de la Comisaría de Familia, pero el subregistro supera los 17. La gente teme denunciar, y muchas veces el reclutado tiene un familiar en las filas de los grupos armados”.
El testimonio revela que los actores ilegales han perfeccionado sus métodos de captación. Los jóvenes reciben pequeñas sumas de dinero a cambio de hacer mandados, el préstamo de una motocicleta para desplazarse o incluso el “endulzamiento” de portar un arma como símbolo de poder.
Ese proceso de seducción desemboca en compromisos cada vez más grandes hasta que el muchacho termina vinculado a la organización.
A ello se suma la presión de los cultivos ilícitos. Según el alcalde, en Caloto hay más de 700 hectáreas sembradas con coca y marihuana.
“El narcotraficante llega al sitio, paga por adelantado, compra la cosecha antes de que se produzca. No hay cultivo lícito que compita con esa rentabilidad”, advirtió.
Redes sociales: nuevos campos de batalla
El reclutamiento también se ha transformado en las ciudades. En Cali, prácticas como el “güireo” y el “chacaleo” —peleas juveniles que comenzaron como enfrentamientos barriales— se convirtieron en semilleros de bandas criminales.
Estos escenarios atrajeron la atención de actores ilegales que vieron en los jóvenes una mano de obra disponible.
Además, las redes sociales se han consolidado como un canal de captación. Desde cuentas que prometen dinero fácil y proyectos de vida, hasta contactos directos que ofrecen pertenencia a grupos, el entorno digital se ha convertido en un espacio donde la ilegalidad engancha a menores y jóvenes.
La dimensión nacional
La Defensoría del Pueblo y la Fundación Ideas para la Paz (FIP) presentaron un panorama preocupante: tras la firma del acuerdo de paz con las FARC, el mapa del conflicto se fragmentó.
Pasamos de tres actores principales (FARC, ELN y paramilitares) a más de nueve estructuras criminales, incluidas disidencias, bandas independientes y grupos transnacionales.
Esa recomposición territorial disparó los riesgos de reclutamiento. “Hoy la población joven está en el centro de la disputa”, señaló Andrés Preciado, director de Conflicto y Seguridad de la Fundación Ideas para la Paz.
“Los que dirigen las disidencias no superan los 40 años, y el 100 % de quienes entran a la criminalidad lo hacen siendo menores de edad”.
Un dato estremecedor confirma la magnitud del fenómeno: el 65 % de las personas que se desmovilizaron de las FARC ingresaron a la guerrilla siendo menores de edad.
El reclutamiento forzado no es solo un problema presente; ha sido, históricamente, la base sobre la que se construyeron ejércitos ilegales en Colombia.
El fenómeno tiene además un sesgo urbano: ya no se limita a zonas rurales aisladas. En ciudades intermedias y capitales departamentales también hay alertas tempranas.
Factores estructurales
¿Por qué un niño o un joven acepta ingresar a un grupo armado o a una banda? La respuesta no es simple, pero los documentos coinciden en señalar varios factores:
- Pobreza y hambre, que convierten el dinero ilegal en la única salida.
- Violencia intrafamiliar y abandono, que empujan a los jóvenes a buscar refugio y pertenencia.
- Ausencia estatal, reflejada en falta de oportunidades educativas, empleo y servicios básicos.
- Cultura del narcotráfico, que otorga poder, armas y estatus como símbolos aspiracionales.
- La suma de estas condiciones genera un terreno fértil para que los grupos ilegales encuentren siempre nuevos reclutas.
Retos y alternativas
El desafío no es menor. Según los participantes, la prevención debe ir más allá de los operativos militares. Las comunidades y las autoridades locales están impulsando alternativas: educación, deporte, cultura y ciencia.
En Caloto, por ejemplo, se organizaron competencias de robótica que motivaron a los jóvenes y mostraron que existen caminos distintos al de la ilegalidad.
Pero se necesita más. Andrea Romero, defensora delegada de la Defensoría del Pueblo, lo resumió así: “El reclutamiento es forzado en todos los casos. Para los grupos ilegales, los adolescentes creen que están ingresando por voluntad propia, pero en realidad es la pobreza y la exclusión lo que los obliga a entrar. No podemos permitir que esa narrativa distorsione la gravedad del delito”.
Expertos y líderes comunitarios coinciden en que es urgente fortalecer las alianzas entre Estado, sector privado y sociedad civil para ofrecer empleo digno y proyectos productivos sostenibles.
También es clave mejorar los sistemas de reporte y protección para visibilizar el subregistro y brindar acompañamiento psicosocial a las familias afectadas.
Una responsabilidad compartida
El reclutamiento forzado es una herida abierta que refleja las desigualdades estructurales del país. No es solo un problema de seguridad: es un síntoma de pobreza, exclusión y falta de oportunidades.
El conversatorio de la UAV y ProPacífico puso en evidencia la magnitud del desafío y la urgencia de actuar de manera integral. Como lo advirtió Rocío Gutiérrez: “Esto no es un problema nuevo, pero sí uno que hoy requiere atención de múltiples actores. Sin alianzas entre comunidades, instituciones y empresas, no vamos a detener la cadena que empuja a nuestros jóvenes hacia la ilegalidad”.